La Comisión Europea vigila el fenómeno de cerca y no descarta tomar sus propias medidas
Si los Gobiernos actúan coordinadamente para marcar las reglas del juego internacionales de las criptomonedas, la Comisión Europea se sumará. En caso contrario, Bruselas está dispuesta a impulsar sus propias leyes. Así lo ha expresado este lunes el vicepresidente del organismo, Valdis Dombrovskis, en el último episodio de un fenómeno, el del bitcoin y las divisas virtuales, que se ha convertido en centro de un intenso debate financiero mundial: el FMI alaba la rapidez y eficacia de sus pagos, pero teme que se conviertan en refugio para el fraude fiscal. Alemania y Francia quieren una normativa clara que regule su uso. La CNMV y el Banco de España hablan de “alto riesgo de fraude”. El BCE lo percibe como una amenaza, pero elude atribuirse cualquier competencia regulatoria. Y mientras su valor de mercado supera los 400.000 millones de euros, algunos analistas y bancos de inversión hablan de una inmensa burbuja en torno a unas divisas cuyo precio real sería cercano a cero.
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En medio de esa discusión global, Bruselas se aproxima a la cuestión partiendo de tres premisas: uno, hay que sumarse a las oportunidades de la tecnología blockchain. Dos, las autoridades deben alertar de forma clara, frecuente y en todo el territorio europeo, de los peligros de invertir en monedas virtuales. Y tres, la Comisión Europea decidirá como muy tarde a principios de 2019 si es necesario poner en marcha una legislación propia para regular las criptomonedas. “No excluimos la posibilidad de hacerlo a nivel europeo si vemos, por ejemplo, que emergen riesgos para los que no hay una clara respuesta internacional”, ha señalado Dombrovskis.
Bruselas ya alertó a finales del pasado año de la extrema volatilidad con que se mueven las criptomonedas, más de 1.500 divisas que conforman un mercado insomne, en el que se puede operar día y noche los siete días de la semana. Ahora el tema parece haber llegado a la agenda comunitaria para quedarse. Dombrovskis se ha reunido este lunes con autoridades regulatorias, representantes del sector financiero y expertos para recibir de primera mano información sobre los retos e incertidumbres que se abren con el nuevo escenario.
Bruselas quiere tener lista una posición europea ante la posibilidad de que el G-20 aborde el tema en su próxima reunión de marzo en Buenos Aires, tal y como han solicitado por carta Francia y Alemania. El eje París-Berlín, también en esto, marca el ritmo al que se mueven los Veintiocho. Por ahora, la Comisión Europea evita demonizar la irrupción de las divisas virtuales en el tablero financiero, pero ve más oscuros que claros: llama a Europa a no quedarse fuera de los avances que trae la tecnología blockchain, y acepta que las operaciones de financiación con monedas digitales (ICO, por sus siglas en inglés) son un medio rápido e innovador de obtener fondos para las compañías. Pero a diferencia de lo que sucede en mercados regulados como la Bolsa, alerta de que los inversores se ven expuestos a riesgos adicionales como la falta de transparencia sobre la identidad de los propietarios o la opacidad sobre sus planes de negocio.
“No son divisas en el sentido tradicional, y como su valor no está garantizado, están sujetas a una considerable especulación que expone a consumidores e inversores a riesgos sustanciales, incluido el de perder toda su inversión”, ha avisado el vicepresidente. Como ya hicieron otros organismos antes, Dombrovskis no ha ocultado su preocupación por que las criptomonedas sirvan para financiar actividades ilegales o se conviertan en vehículo para el fraude fiscal, pero ha relativizado su impacto en el continente. “Europa representa una pequeña parte de las transacciones”, ha recordado.
La Comisión Europea quiere, en fin, poner orden. Empujada por la misiva franco-alemana reclamando un marco legal cristalino, Bruselas planea analizar concienzudamente en qué supuestos hay leyes a las que ya están sujetas las criptomonedas y en qué casos circulan en medio del vacío regulatorio. Una vez aclarado esto, la Comisión decidirá si es el momento de actuar poniendo en marcha nuevas normas o por el contrario consideran la acción coordinada de los Gobiernos un cortafuegos suficiente para frenar sus riesgos.
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Fuente de noticias: formacionparaejecutivos.com
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